No será ni la primera ni la última vez que el Senado
provincial le da visos de legalidad a una ilegalidad.
Blanquea un negreo.
Convierte en bueno algo malo.
Entrada la siesta de este jueves 25 de julio de 2013 aprobó
el pliego de la ahora ex candidata a fiscal de Instrucción Nº 3, Mónica Inés
Espíndola, una joven abogada que desde hace unos siete años ya se desempeña como
secretaria de dicho estamento.
El Senado donde manda la mayoría del oficialismo liderado
por el radicalismo del gobernador Ricardo Colombi, prestó acuerdo hoy al pliego
de la postulante, en el marco de una audiencia pública donde se tuvo que
evaluar una impugnación hecha por un particular que objetó los
requisitos de la ahora flamante fiscala. Hasta aquí un mero trámite legislativo
en una cámara donde quienes mandan son los radicales y sus aliados. Salvo por
un detalle, la postulante había reprobado los exámenes que se le habían tomado
en el Consejo de la Magistratura, a través de un recurso extraordinario y en
circunstancias no aclaradas la prueba de Espíndola fue reevaluada y finalmente
integró una terna elevada luego al gobernador. ¿Qué candidato eligió? La de la
joven que pasó el examen con un empujoncito.
Un mes y medio atrás ocurrió exactamente lo mismo con otra
postulante a fiscal, al Correccional Nº 2 de la Capital provincial y a
pesar de los reparos que puso la oposición en el Senado, el pliego pasó el
filtro aunque en medio de duros cruces e insultos entre los senadores de la
oposición (PJ kirchnerista) y el radicalismo.
Quienes se destacaron en la sesión de este jueves fueron dos
senadores radicales, Noel Breard y Sergio Flinta, ambos extraídos por el
gobernador Colombi de la factoría Universidad Nacional del Nordeste (Unne), un
reservorio del radicalismo conservador aunque en rigor de verdad, los
antecedentes de Breard se remontan un poco más atrás de los claustros
universitarios.
Cada uno por su lado defendió a capa y espada el pliego de
Espíndola. Por ejemplo, Flinta, de profesión veterinario, respondió a los
argumentos de la senadora Mary Mansutti (PJ) que sus objeciones sólo buscaban
acosarla a la flamante funcionaria judicial. Y que la impugnación la debía
haber hecho un abogado y no un periodista. Con esa línea de pensamiento Flinta
no podría tratar ni sancionar leyes, es más, no debería ocupar una banca en el
Senado provincial. ¿El lugar de Flinta sería tras el mostrador de una negocio
de mascotas? Eso es otra historia.
Lo más grave es que cuando se produjo la impugnación, hace
dos semanas cuando el Poder Legislativo se tomó las reglamentarias vacaciones
invernales, el fiscal general César Sotelo, jefe de todos los fiscales de la provincia,
encaró al impugnante. Un conductor de radio y televisión local y lo increpó por
la presentación que había hecho. Del episodio hay testigos e incluso el propio
relato del periodista a quien, el funcionario
Judicial mientras lo apretaba, admitió que los exámenes de
Espíndola habían sido reprobados y luego aprobados y que todo se debía a una
campaña en contra él.
La fiscalía de Instrucción Nº 3 tiene competencia electoral,
en su mesa de entradas se encuentra una denuncia penal contra el gobernador
Ricardo Colombi –la primera en jurisdicción de la Justicia provincial- por
incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder.
Nada mejor y tranquilizador que tener tropa propia para
determinados menesteres.
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