Como dice larata, y si hacemos algo

La detención en las últimas horas de un funcionario municipal de carrera volvió a mostrar el zarpazo judicial del gobierno. La administración radical enquistada en el poder desde hace más de una década.

En rigor de verdad la pelea por el control judicial no es exclusiva del radicalismo y su jerarca, Ricardo Colombi, los peronistas kirchneristas también pugnan por ese control pero en otras pampas. Lo hacen en el Concejo de la Magistratura Nacional y les va bastante bien en esas lides.

 

Bajo tecnicismos una jueza de instrucción capitalina procesó a empresarios y funcionarios comunales por el derrumbe de una obra en construcción en el barrio Cambá Cuá que se cobró la vida de ocho obreros. Fue hace más de un año, el 22 de marzo de 2012.

Los empresarios involucrados, todos con diferentes niveles de acercamiento al poder de cualquier índole, habían sido arrestados pocas semanas después del hecho y una jueza puesta ad hoc, especialmente para intervenir en el caso, los liberó un miércoles previo a semana santa. El hecho hubiese pasado inadvertido sino hubiese sido por un diario de aquel entonces, los hombres de negocios estaban por recuperar su libertad a escasos minutos de la medianoche.

La misma magistrada después tuvo su premio, fue nombrada naturalmente en el cargo de jueza en medio de impugnaciones a su pliego durante la audiencia pública en el Senado. Dicho sea de paso, audiencia que no es vinculante. Es decir, uno puede objetar pero a los honorables legisladores les importa un bledo y votan como le indiquen sus intereses. La joven había hecho bien los deberes para la corporación: la judicial y la política.

Con este leve precedente se puede acaso pensar que los procesamientos y la detención del “más débil” de los involucrados en el caso, es meramente Justicia. Quizás sí, pensemos que la Justicia es impoluta.

Sobre ese riel irreprochable debería ir entonces por los millones de pesos que filtra el gobierno provincial en varias cuevas disfrazadas de medios de comunicación: radios, portales de Internet, diarios de papel, productoras, canales de televisión y hasta seudo periodistas que prestan sus nombres para hacer grandes facturaciones.

Deberían los sagaces magistrados ir por los contratos que se rubricaron con empresas de dudosa procedencia para limpiar las escuelas, las firmas además de no cumplir con esa prestación, cobran puntualmente todos los meses entre 65 y 100 mil pesos. Los certificados de que se hicieron las tareas, las deben firman los directores de escuela. Y quien se niega tiene un duro reproche de sus autoridades superiores.

El largo y pesado brazo de la Justicia seguramente llegará a esos lugares. Como seguramente la propia Justicia se autolimpiará y se quitará de encima los funcionarios que ingresaron de manera irregular a sus filas. Exámenes que primero estaban mal y después estaban bien, repechajes para que determinados aspirantes puedan concursar en el Consejo de la Magistratura local y lograr un pliego para aterrizar en el Senado y que este lo apruebe.

Sí, estoy seguro que la Justicia irá por cada uno de esos casos mencionados al boleo. Esta acción sobre los funcionarios comunales es apenas el comienzo de una escalada libertaria que llevarán adelante los jueces nativos. Ya veremos como caen sin contemplaciones sobre funcionarios provinciales, algunos incluso denunciados por abuso y acoso sexual en ámbitos laborales.

Y si eso no pasa deberíamos hacer algo como dice todos los domingos antes de cerrar su programa el señor Jorge Lanata. Apodado por estos tiempos violentos como “larata”.

Y seguramente el pueblo correntino se movilizará cuando vea que la Justicia no actúa con la misma firmeza o ¿voracidad?  Hacia otros ámbitos. Lo hará porque el correntino no soporta las injusticias, por eso elige desde hace muchos años a los mismos celadores para que cuiden la administración del Estado.