Corrientes vivió una situación particular como lo es su naturaleza, siempre diferenciándose del resto, en la Capital provincial hubo una incipiente protesta que hasta hoy el Gobierno provincial niega. Sin embargo, en cuestión de horas de aquellos calurosos primeros días de diciembre, el gobernador de la Provincia que iba a iniciar su segundo mandato consecutivo, Ricardo Colombi (UCR), activó un plan de contingencia. El relato del oficialismo local y el apaciguamiento en el país de las huelgas policiales, las fiestas de fin de año y las vacaciones estivales, ocultaron la reacción de la administración local. Sin tener un esquema grave como otras provincias subyugó ante los reclamos policiales y puso en marcha una batería de mejoras salariales.
Solamente ayer corrió el velo, aunque con libreto propio, de la gravedad de los episodios de diciembre. El Ejecutivo descabezó la plana mayor de la Policía y a pesar de que Colombi hablara de “continuidad” en la gestión de esa institución su ministro de Seguridad, Pedro Braillard Poccard, hasta diciembre pasado vicegobernador, definió los cambios con palabras muy diferentes a las del jefe de Estado provincial. “Ahora empieza otra etapa”, dijo y argumentó que “todos tenemos que hacer nuestro aporte, si no queremos caer en la desgracia de algunas provincias hermanas o de otros países de América latina que están viviendo situaciones muy complicadas”. La debilidad de las instituciones políticas ante la fuerza de las armas y de los uniformes quedó expuesta y blanqueada por el funcionario encargado de esa sensible área. Lo demuestra la contundencia de los números: un salario inicial de maestro es de $3.600 mientras que un joven cabo que egresa de la escuela policial tiene asegurado $8.000 de bolsillo. Queda en evidencia cuál de las áreas es la que podría poner más en apuros, como lo indicó Poccard, a la administración provincial.
Pero lo contundente fue lo expuesto por Colombi al calificar de “excesivos formalismos” a los pasos procesales y legales que demoran el trabajo policial. Utilizó un dantesco ejemplo: cuando un policía quita la vida de alguien, suponiendo que sea un delincuente. “Tenga que estar penando y transitando los pasillos de los diversos juzgados penales. No puede ser que quien ha defendido su vida esté más de treinta o cuarenta días detenido”. Para el Gobernador esos casos de homicidios de quienes visten uniformes, deben tener tratamientos expeditivos. Extraño siendo que el que lo dice además de ser gobernador, es un hombre de leyes. No es el único, el pasado domingo el intendente capitalino, Fabián Ríos, tuvo un arrebato que se suele apoderar de las sociedades. Hacer justicia por mano propia, el alcalde se acantonó frente a la cochera de un conductor infractor que en la huida de un control de tránsito atropelló a tres inspectores. Ríos parecía un comisario de esos de comienzos del siglo pasado a punto de ingresar en la finca tras derribar la puerta de una patada.
El fortalecimiento de las instituciones se da con educación y profesionalismo de las fuerzas de seguridad. No intercambiando libertad de acción por acompañamiento político.
Editorial del diario NORTE de Corrientes. Jueves 27 de Marzo 2014